Hace exactamente un año, 140 campesinos de los municipios de Xalapa, Jilotepec y Emiliano Zapata salieron a reclamar, por enésima vez, que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal se negaba a pagar los daños ocasionados a sus parcelas por la construcción del libramiento Xalapa-Perote-Banderilla.

El mismo reclamo que venían haciendo a lo largo de 12 años.

Los 144 afectados se reunieron en Chiltoyac, congregación del municipio de Xalapa, para revisar la situación en la que se encontraba cada uno de los casos.

Ahí comentaron que desde hacía seis meses el entonces Director General de la SICT-Veracruz, Martín Ramón Álvarez Fontán, se había comprometido a entregar el segundo paquete de cheques de los 144 afectados por la construcción del libramiento Xalapa-Perote, pero hasta ese momento no había cumplido.

En esa ocasión, los campesinos anunciaron que se manifestarían el jueves 08 de diciembre de ese 2022 para exigir a los responsables que repararan los daños provocados a sus parcelas.

Llevan más de dos sexenios luchando para que la empresa española Isolux Corsan y su socia portuguesa Mota-Engil, junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, respondan por los daños que causaron a sus 144 parcelas ubicadas en los tres municipios mencionados.

“Es importante señalar que, para apropiarse de las parcelas, no hubo un decreto de expropiación y tampoco un estudio económico de agrimensura para cuantificar el precio de las hectáreas afectadas”, comentaron.

Según puntualizaron los campesinos, tampoco hubo convenios o acuerdos entre autoridades y propietarios.

Ahora, en pleno régimen de la Cuarta Transformación (4T), acaba de darse a conocer oficialmente que además de echarse a la bolsa, por decisión de la Secretaría de la Marina, los tres principales de los cinco polos de desarrollo del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, el empresario José Miguel Bejos, principal accionista en México de la constructora portuguesa Mota-Engil, también se quedó con la construcción de la vía del ferrocarril que conectará el municipio de Huimanguillo con la refinería Olmeca, que hasta a mediados de octubre pasado estuvo a cargo de Rocío Nahle, exsecretaria de Energía y precandidata de Morena a la gubernatura de Veracruz.

El tramo, que abarca 93 kilómetros, saldrá de la estación Ingeniero Roberto Ayala a Dos Bocas y la inversión será de aproximadamente 7 mil millones de pesos.

Con ello, la constructora portuguesa Mota-Engil se afianza como la contratista favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como lo fue también en la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa y luego en el sexenio de Enrique Peña Nieto, del PRI, con quien el empresario José Miguel Bejos solía jugar frecuentemente golf.

En abril del año pasado, en conferencia de prensa convocada por representantes del Centro Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X), el asesor en materia de vialidad, Héctor Sandoval Quezada, enfatizó que “existen elementos para rescindir el contrato a las concesionarias Isolux Corsan y Mota-Engil como resultado de una serie de graves irregularidades detectadas en la licitación, concesión, construcción y operación del denominado libramiento Xalapa-Perote-Banderilla”, y planteó disminuir el alto costo del peaje, ya que el tráfico pesado prefiere transitar por la saturada avenida Lázaro Cárdenas de la capital veracruzana, donde este año el gobierno del estado ha tenido que derribar un centenar de árboles por la construcción de dos puentes a desnivel para agilizar la circulación vehicular, lo que ha motivado protestas y demandas de grupos ambientalistas que han retrasado el avance de ambas obras de infraestructura urbana.

Sandoval Quezada recordó que, para la construcción del libramiento, el gobierno federal estimó un paso de 8 mil unidades por día en promedio, en su mayoría, tributarios de las tarifas más altas de peaje, es decir, camiones de entre 5 y 9 ejes o excedentes; sin embargo, señaló que por esta vía rápida de cuota solamente estaban circulando alrededor de 5 mil vehículos ligeros.

El asesor del CEM-X estimó que los ingresos de la operadora cayeron en más de un 50 por ciento y que, por lo tanto, existían causales para retirar la concesión, aun cuando –apuntó– que el gobierno federal había financiado con créditos de 3 mil 500 millones de pesos a favor de ambas constructoras para ejecutar el proyecto, y con sobrecostos de 40 por ciento a los usuarios finales, pues en lugar de pagar 40 centavos por kilómetro recorrido debían desembolsar un peso.

Como solución, proponía reducir en un 50 por ciento el precio del peaje en el libramiento de Xalapa, para que evitar que los camiones de carga transitaran por la avenida Lázaro Cárdenas.

“O bajan el costo del peaje o se rescinde la concesión (a Mota-Engil). Es así de sencillo. (…) El objetivo principal es liberar la avenida y para eso, hay que bajar el costo del peaje”, concluyó.

Pero en vez de obligar a la empresa portuguesa a que baje el monto del peaje y a que repare los daños ocasionados a las parcelas de los 144 campesinos, el gobierno de la 4T la sigue favoreciendo con la asignación de obras multimillonarias, como los tres principales de los cinco polos de desarrollo del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec y la construcción de la vía del ferrocarril que conectará el municipio de Huimanguillo con la refinería de Dos Bocas, que dejó pendiente Rocío Nahle.