Informaron que este hecho, junto con otros similares ocurridos en Irapuato, se enmarca en la disputa por el control de territorio que mantiene el grupo del Marro contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Explicaron que sobrevivientes de la masacre refirieron que los sicarios gritaron que iban de parte del Marro; además, tras el ataque comenzó a circular en redes sociales un “comunicado” atribuido al CJNG, quien se deslinda del hecho.

Las autoridades explicaron que ambas situaciones se analizan como parte de las investigaciones que se iniciaron tras los hechos ocurridos a las 17:24 horas del miércoles en el anexo “Recuperando mi vida”.

El centro de rehabilitación llevaba un año y tres meses de manera clandestina, y estaba ubicado en una casa particular; además, no contaba con registro ni los permisos correspondientes.

Asimismo, se encontraba en la calle Cerrada Guanajuato, en la colonia Jardines de Arandas, y su dueño también fue asesinado en la masacre. Familiares de éste dijeron que no habían recibido amenazas.

Durante la agresión, en el lugar había 31 personas de las cuales fallecieron 26. Según la reconstrucción de los hechos, las víctimas fueron concentradas en una de las habitaciones y les dispararon con rifles de asalto. 

La mayoría de los cuerpos quedaron regados en una sola habitación donde no había muebles, simplemente se alcanza a apreciar cobijas tiradas en el piso. Presuntamente ese era uno de los dormitorios colectivos.

En el marco de esta masacre y los elevados niveles de violencia en todo el estado de Guanajuato, los gobiernos federal, estatal y municipales acordaron ayer reforzar las acciones conjuntas entre las corporaciones de seguridad.

El objetivo es inhibir a la delincuencia y garantizar la paz de los guanajuatenses.

Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, encabezó la reunión de seguridad, donde acordó incrementar las acciones coordinadas para prevenir sucesos como el ocurrido en el anexo de Irapuato.

Se anunció también la revisión de todos los anexos que hay en el estado y se dijo que los que no cumplan con la normatividad serán cerrados.

El gobernador informó que habló con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos entre el estado y Federación para hacer frente a la inseguridad.

Con información de El Financiero