En una democracia participativa, no cabe la opacidad y por tanto los países que se jactan de tener este tipo de democracia, no pueden prescindir del acceso a la información pública. Todos sus ciudadanos tienen la posibilidad de saber en qué se gastan los recursos que son públicos, es decir, de los ciudadanos, no de los gobiernos.

La discrecionalidad con la que ese gastaban los recursos públicos, dio paso a la creación de instrumentos de consulta que nos permitieron a los ciudadanos conocer en qué se invierten los recursos producidos por las empresas del estado, pero también de nuestros impuestos y ese fue un gran logro de la suma de voluntades de los tres grandes partidos políticos en el México de la era moderna (PAN, PRI y PRD).

Por lo mismo en México en la época en que gobernaba Vicente Fox Quesada y por impulso de las fuerzas políticas opositoras (PRI y PRD), se impulsó la creación del Instituto Federal de acceso a la Información (IFAI), como consecuencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP) que fue promulgada el 11 de junio de 2002 y dicho sea de paso, fue una votación unánime en aquella legislatura.

Es decir, todas las fuerzas políticas votaron para crear el Instituto que le daba transparencia al ejercicio del dinero público y acceso a los ciudadanos a consultar, al través del Instituto, en qué se gastaban los dineros públicos el Gobierno de la República pero también los gobiernos estatales y los municipales.

No obstante en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto y como resultado de los consensos del Pacto por México, el compromiso número 83 se cumplió al ampliar las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que entonces era era máximo órgano de transparencia en el andamiaje institucional del país (Murat J. Pacto por México. Ed. Porrúa. PP 146-147).

En esa reforma se dotó al IFAI ahora llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de autonomía jurídica, presupuestal, de gestión y decisión y lo erige como un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propios. Esa reforma que se promulgó el 7 de febrero de 2014 reformó los artículos 6, 73, 76,78,89, 105,110,111, 116 y 122 de la Constitución Política.

Esa reforma en especifico llevada al cabo dentro de los acuerdos del Pacto por México, nos permite -o nos permitía- a los ciudadanos, conocer el gasto público de sujetos obligados desde la Presidencia de la República, los Estados, los Municipios, las dependencias de estos tres niveles de gobierno, partidos políticos, poder legislativo, poder judicial, órganos autónomos que reciben dinero público e incluso sindicatos.

A partir de esa reforma, también se creó la obligatoriedad de publicitar toda la información que se considere pública, sin necesidad de que haya un solicitante de la información, por eso los ciudadanos podemos conocer, por ejemplo en una obra, si se llevó al cabo una licitación, quiénes participaron en dicha convocatoria, cuáles fueron los procesos de validación, qué empresa y por qué ganó dicha licitación.

Como lo podemos advertir en la transparencia y rendición de cuentas la creación del INAI tal y como lo conocemos hoy en día, es uno de los mayores contrapesos para evitar la opacidad y la corrupción en los sujetos obligados, es decir en las instituciones y órganos que reciban dinero público, por eso es tan importante su prevalencia y su funcionalidad que debe estar garantizada por el Estado Mexicano.

Sin embargo y por decisiones de quien debería garantizar a los ciudadanos ese derecho, es decir el peje López, el INAI lleva 55 días sin quórum para sesionar, hay casi 4 mil 500 recursos pendientes de votación, 7 sesiones del pleno que no se han llevado al cabo, porque hay una persona obnubilada por el poder que necesita guardar debajo del sillón, todo el cochambre de 4 años y medio de corrupción y de un gobierno opaco.

Andrés Manuel es el presidente más opaco y corrupto que ha tenido México y por eso, trata de frenar la transparencia ordenándole a sus senadores que no elijan a los tres consejeros del INAI que hacen falta para sesionar, porque no quiere que los mexicanos sepamos los contratos que tienen los amigos de su hijo Andrés, los de Felipa Obrador, los negocios turbios de la SEDENA y la Marina Armada de México, no quiere evidenciar a sus cuates y a sus cuotas porque sabe que su gobierno está podrido por todos lados.

De ahí que tengamos la urgencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenga para que el INAI pueda sesionar y los mexicanos podamos contar con la información que necesitamos saber para que no nos vayamos a equivocar en 2024, como nos ocurrió en 2018.

@leyvaguilar

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