A tres años del 19-S, reina impunidad para constructoras
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CIUDAD DE MÉXICO.- A tres años
del sismo del 19 de septiembre de 2017, la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha logrado imputar, y por ello que haya
sanciones, a una de las 45 constructoras que investiga como presuntas
responsables de diversos derrumbes, luego del temblor que dejó 228 muertos. Aunque se han iniciado 149
carpetas de investigación por los fallecimientos y colapsos de al menos 10
inmuebles, a la fecha, no hay un solo directivo o administrativo de las
constructoras involucradas en los edificios derrumbados imputado, a pesar de
que las indagatorias van desde la edificación de complejos habitacionales hasta
los que no tenían permisos adecuados. De acuerdo con los
expedientes, también se indaga el uso de material de “baja calidad” para la
construcción de los mismos edificios, e incluso, los homicidios culposos de víctimas
mortales. Respecto a los decesos,
únicamente Mónica García Villegas, conocida como Miss Moni, exdirectora del
Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la alcaldía Tlalpan, se encuentra en
prisión a la espera de que en los siguientes días un juez del Tribunal Superior
de Justicia local le dicte la sentencia, toda vez que el jueves pasado un
tribunal de enjuiciamiento la encontró culpable por los delitos de homicidio
culposo en agravio de 26 personas, 19 de ellos menores de edad. Además de imputarle la
responsabilidad de DRO o Corresponsables, hipótesis de propietaria, incidente
por el cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pide que se
le dicte una pena de 57 años de prisión. Durante el Segundo Informe de
actividades, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que
las investigaciones continúan, y destacó que la Fiscalía General de Justicia,
por denuncia presentada por la Comisión para la Reconstrucción capitalina,
solicitó y fue otorgada por el Tribunal de Justicia local, órdenes de
aprehensión contra personal de tres desarrolladoras cuyos inmuebles tenían
menos de 10 años y se dañaron gravemente en el sismo. Además, se han presentado
juicios civiles —también sin resultados condenatorios— pero con el objetivo de
buscar la reparación de estas edificaciones, las cuales, de acuerdo con la
denuncia del Gobierno capitalino, deben ser pagadas por los desarrolladores y
no con recursos públicos; sin embargo, este fallo también está en deliberación. En esa lista de constructoras
investigadas resaltan empresas como Baitia e Inmobiliaria Porta Tlalpan, Canada
Building System y Dijon, que además de proveer el material de construcción,
vendieron inmuebles respectivos en Zapata 56, colonia Portales, y Bretaña 90,
en Zacahuitzco, los cuales también se derrumbaron en el temblor, con un saldo
de tres personas fallecidas; sin embargo, ningún directivo ha sido llamado, por
el momento, para esclarecer los hechos. Por su parte, la Secretaría de
la Contraloría General dio a conocer que a la fecha se ha iniciado la
investigación a 13 empresas, algunas de ellas relacionadas con el proceso de
reconstrucción de los inmuebles. “Dentro de las irregularidades
detectadas de manera recurrente se encuentran los sobrecostos, el
incumplimiento en tiempos de entrega, así como la incorrecta ejecución de
diversos trabajos”, indicó la dependencia mediante una tarjeta informativa. Precisó que como las faltas
son graves, será competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México sancionarlas, mismas que están en proceso de análisis y
resolución. Claudia Sheinbaum informó que
su gobierno, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto
de Ingeniería, realizarán estudios en las escuelas, principalmente las zonas de
mayor vulnerabilidad, para conocer su seguridad estructural. Una vez terminada la
reconstrucción, se efectuará un estudio de edificaciones, particularmente
viviendas, que fueron construidas previo a 1985 y que tienen cierto tipo de
construcción, para generar un esquema de seguridad estructural. Con información de El
Universal
