En conferencia de prensa, aseguraron que esta misma denuncia se haría pública en 56 municipios de la Entidad.

Andrey Peralta Flores, secretario de Organización Política de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expuso que hay una falta de maestros en las escuelas de todos los niveles educativos por la baja del servicio generada por la jubilación, ascenso, defunción de los trabajadores docentes y que no se asignan a nadie con el argumento de pedir a los jóvenes maestros que están esperando la asignación de su plaza, estos jóvenes se evaluaron para plazas definitivas no para interinatos; mientras definen sus criterios en la SEV.

“Exigimos que se liberen los recursos docentes que hacen falta en las escuelas y que deje de impedir que se cubran las vacantes en tiempo y forma, afectando el derecho de nuestros estudiantes a tener maestras y maestros frente a grupo. Ya basta de simulaciones y falsas interpretaciones de la Ley que perjudica a las escuelas y dejan a miles de niñas y niños sin atención educativa”, señaló.

Reveló que faltan más de 2 mil 500 directores efectivos en las escuelas, con igual número de comisionados en las mismas en los niveles de preescolar, primaria, educación indígena, telesecundarias y educación especial.

“La Secretaría de Educación ha venido comisionando a maestros de grupo para ser directores de las escuelas. Hacen dos funciones, les pagan una, adquieren responsabilidades mayores y, además, están en indefensión, ya que realizan una función que no reconoce ningún mérito”, destacó.

Por otra parte, Peralta Flores mencionó que la no entrega de las órdenes de presentación de horas adicionales al personal de Educación Física, que debidamente y conforme a la normatividad vigente ganó los concursos para dichas horas desde el año 2019 hasta la fecha, representa una grave omisión.

Acusó que se ha instaurado una “persecución” por trámites administrativos laborales contra docentes, directivos, jefes de sector y supervisores y recordó que, en otros momentos, se utilizaban herramientas legales como el diálogo y la conciliación, evitando afectar el servicio educativo, la responsabilidad de los trabajadores, su imagen y su dignidad.

“Actualmente, los procesos y sus protocolos separan de manera inmediata a los trabajadores, exponiendo su nombre, reputación, trayectoria y años de servicio al escrutinio de la propia autoridad y de la sociedad, aún cuando estos procedimientos, en muchos casos, podrían resolverse de manera más simple y menos lesiva”, opinó.

Exigieron una solución inmediata al pago de los seguros de vida institucionales de los trabajadores jubilados y en activo, toda vez que desde 2011 a la fecha, sólo se ha realizado el pago de unos cuantos casos, dejando en indefensión a los trabajadores y, sobre todo, a los beneficiarios de quienes han fallecido.

“Al mismo tiempo, exigimos que se actualice la póliza y que se garantice a todo el personal activo que la Secretaría de Educación de Veracruz contratará una empresa responsable, que efectivamente cumpla con los pagos en caso del fallecimiento de algún trabajador”, agregó.

En ese orden de ideas, la Sección 32 del SNTE, exigió a la SEV libere las claves presupuestales de Misiones Culturales para que se realicen los procesos de ingreso y promoción con motivo definitivo para el personal de nuevo ingreso.

Ya que, explicaron, una vez que se realizan los procesos, al llegar a la etapa de validación y autorización ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y FONE, son rechazados los tramites bajo el argumento de que no se cumplen con los lineamientos establecidos por USICAMM, que es responsabilidad de la autoridad educativa estatal federalizada definir, establecer y ejecutar los procesos de contratación y promoción del personal de Misiones Culturales.

“Existe un adeudo histórico en escuelas secundarias técnicas y generales respecto a la contratación de las horas sueltas que van quedando después de los procesos de promoción para nuevo ingreso y horas adicionales. Este segmento de horas queda inutilizado, generando un adeudo cercano a 20 mil horas, lo que representa 20 mil horas sin clases en diversas asignaturas como Español, Matemáticas, Ciencias, así como en materias de formación como Artes y Tecnologías, las cuales no han sido cubiertas desde hace ya varios años”, puntualizó el representante de la 32.

Reveló que en el nivel de Educación Indígena existen situaciones graves que ponen en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores en el Estado, ya que han detectado “contrataciones ilegales de personal”, desplazando a trabajadores que sí cuentan con los derechos y requisitos para ser contratados.

A pesar de que Educación Indígena ha recibido el 100 % de los aspirantes aprobados para plazas vacantes es decir, todas las plazas disponibles han sido ocupadas, en el caso de las plazas temporales, un grupo de trabajadores con varios años de servicio está siendo desplazado por personal nuevo sin el perfil correspondiente, producto de favores políticos o personales ejercidos desde el nivel central.

“Además, se ha intensificado la persecución laboral del personal de este nivel. Se han reactivado procesos administrativos que ya habían sido debidamente agotados y solucionados, con el pretexto de aparentar que se trata de asuntos vigentes, afectando la trayectoria y estabilidad de los involucrados”, resaltó.

Denunció también, la presentación de documentos apócrifos, tales como órdenes de presentación emitidas por la actual directora general, contraviniendo todas las disposiciones legales.

Dichas órdenes de presentación no tienen validez legal, ya que la directora general no cuenta con la facultad de contratar personal ni de emitir documentos oficiales y como consecuencia, esos trabajadores no son registrados en nómina, ni reconocidos para efectos de seguridad social, ni en ningún sistema institucional.

Por ello, exigió que cesen este tipo de prácticas ilegales y que no se otorguen facultades omnipotentes a la directora general de Educación lndígena, quien no cuenta con el conocimiento, el perfil ni la habilidad necesarios para conducir con responsabilidad y legalidad un nivel educativo tan importante y delicado corno lo es este.

Sostuvo que dicha funcionaria cometió una grave afectación en contra de ocho trabajadores, quienes fueron contratados y registrados en la quincena 16 del 2024, pero notificados hasta el 1 de abril de 2025 de que su nombramiento quedaba sin efectos, bajo el argumento de no haber acreditado el examen lingüístico.

Por otra parte, también mencionó que se han presentado graves irregularidades en los procesos de cambio y promoción, (vertical y horizontal), gestionados por la USICAMM.

Recordó que la plataforma digital y quienes la administran fallaron en su funcionamiento, presentando una interrupción de más de un mes, sin que se haya recuperado el tiempo perdido ni se haya ofrecido una alternativa real para que los trabajadores pudieran completar su inscripción.

“Como consecuencia, más de 800 trabajadores no pudieron realizar la comprobación de sus documentos, requisito indispensable para participar en dichos procesos. La plataforma fue deshabilitada y no se ofreció un mecanismo alterno para agregar o validar la documentación correspondiente”, manifestó.

Además, se impidió a los afectados ejercer su derecho a la reconsideración, tal como lo establece la propia normatividad de la USICAMM, dejándolos excluidos de manera injusta y sin el derecho de participación en procedimientos que impactan directamente en su desarrollo profesional y laboral.

“Más de 3 mil 600 trabajadores de todos los niveles educativos se encuentran en situación administrativa irregular: cobran en un centro de trabajo, pero laboran físicamente en otro distinto. Esta situación se originó tras la realización de cadenas de cambio en ciclos pasados y se agravó con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) y la gestión de su unidad administrativa, USICAMM, lo que ha dejado a estos trabajadores en total indefensión: jurídica, social y laboral”, señaló.

Por eso y otras muchísimas irregularidades que denunciaron, exigieron a la Gobernadora y a la secretaria de Educación de Veracruz, la separación inmediata de sus cargos de la titular de la UPECE-USICAMM, Neyra Arleth Bautista Mayorga y la titular de Educación Indígena, Nidia Carilú Nava Palomec.

“Por violentar de manera flagrante los derechos laborales de los trabajadores, desobedecer y desacatar acuerdos y lineamientos oficiales que han sido debidamente emitidos y difundidos a través de los canales institucionales. Ambas funcionarias han incurrido en interpretaciones personales, unilaterales e ilegales de la normativa vigente y, han excluido sistemáticamente a la organización sindical de los procesos donde su participación está claramente establecida, tanto por ley como por acuerdos firmados entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las autoridades educativas”, apuntó.

Tras todo esto, los representantes de la Sección 32 del SNTE, informaron que entregarían el pliego de peticiones al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, pero no aclararon si recurrirán a movilizaciones u algunas otras acciones, toda vez que, insistieron, insistirán en la vía del diálogo.