Gobernadora y Fiscal General deben tomar acciones contundentes frente a embarazos en niñas: Equifonía
Ángeles González Ceballos
XALAPA, VER.- Luego del
reconocimiento que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el
embarazo infantil en el sentido de que es resultado de violencia sexual, la
asociación civil Equifonía, consideró que la gobernadora Rocío Nahle García y
la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, deben dar a conocer
cuántas carpetas de investigación se han abierto en Veracruz derivado del número
de embarazos en niñas de 10 a 14 años. En conferencia de
prensa, Aracely González Saavedra aclaró que ambas servidoras públicas deberían
dar a conocer las medidas que se están tomando para garantizar que en cada uno
de los casos haya coordinación institucional, porque hasta ahora lo que queda
claro es que hay una falla en la coordinación entre el Gobierno y la Fiscalía. Con base en información
de la dirección general de Información en Salud del 2024, Equifonía reveló que
en San Andrés Tuxtla hubo 25 embarazos en niñas de dicho rango de edad, en
Veracruz 22, en Papantla 18, en Perote 18, en Coscomatepec 16, en Las Choapas
16, en Xalapa 14, en La Perla 14, en Catemaco 11, en Coatzacoalcos 11 y en
Cosoleacaque 11. En ese año, se
registraron 7 mil 975 nacimientos en niñas de 10 a 14 años en el País, por lo
que Veracruz ocupó el tercer lugar con 621 nacimientos ocurridos en ese rango
de edad, sólo después de Chiapas y el Estado de México. “Podemos ver el bajo número
de Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) en niñas menores de 15 años, es
un porcentaje menor al 2 por ciento de los embarazos ocurridos en niñas
registrados, niñas menores de 15 años, esto es un indicador de estas fallas en
la atención tanto en el sector salud como de la Fiscalía”, señaló González
Saavedra. Insistió en que tanto
el gobierno de Veracruz como la Fiscalía deben tomar medidas contundentes para
atender la problemática que en más del 90 por ciento el agresor es mayor de
edad hasta de 40 o 50 años de edad. Consideró que también
debería haber una intervención de las procuradurías municipales, ya que tienen
la atribución legal de actuar en coadyuvancia o, incluso en suplencia cuando el
agresor es el padre o tutor o cuando hay alguna complicidad de la madre. Cuestionada respecto de
los casos en los que una madre sienta temor de presentar las denuncias
correspondientes luego de que su menor hija ha sido abusada sexualmente,
respondió que muchas veces existe la omisión de cuidados, porque hay una
responsabilidad de madres y padres. La representante de la
asociación civil recordó que cuando se presentan casos de violación sexual y
llegan a los hospitales, el personal médico y de enfermería deben dar vista a
la Fiscalía General del Estado. “Menos del 2 por ciento
de nacimientos registrados de menores de 15 años son atendidos por una IVE, de
cada 100 niñas que tienen un embarazo producto de violencia sexual, menos de 2
acceden a la IVE, eso debería derivar en medidas urgentes por parte de la
Gobernadora y de la Fiscal, porque es una falla de coordinación entre el sector
salud y la Fiscalía”, definió. Por otra parte, opinó
que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad debe reportar
el número de carpetas de investigación iniciadas para poder contrastar los
datos y saber cuántas derivan en una denuncia. Ahí, invitó a las
familias que estén pasando por una situación legal para que si no saben qué
hacer, Equifonía les dé una orientación o acompañamiento, pero “debe ser una
respuesta inmediata, porque existe riesgo de embarazo”.
