En conferencia de prensa, Aracely González Saavedra aclaró que ambas servidoras públicas deberían dar a conocer las medidas que se están tomando para garantizar que en cada uno de los casos haya coordinación institucional, porque hasta ahora lo que queda claro es que hay una falla en la coordinación entre el Gobierno y la Fiscalía.

Con base en información de la dirección general de Información en Salud del 2024, Equifonía reveló que en San Andrés Tuxtla hubo 25 embarazos en niñas de dicho rango de edad, en Veracruz 22, en Papantla 18, en Perote 18, en Coscomatepec 16, en Las Choapas 16, en Xalapa 14, en La Perla 14, en Catemaco 11, en Coatzacoalcos 11 y en Cosoleacaque 11.

En ese año, se registraron 7 mil 975 nacimientos en niñas de 10 a 14 años en el País, por lo que Veracruz ocupó el tercer lugar con 621 nacimientos ocurridos en ese rango de edad, sólo después de Chiapas y el Estado de México.

“Podemos ver el bajo número de Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) en niñas menores de 15 años, es un porcentaje menor al 2 por ciento de los embarazos ocurridos en niñas registrados, niñas menores de 15 años, esto es un indicador de estas fallas en la atención tanto en el sector salud como de la Fiscalía”, señaló González Saavedra.

Insistió en que tanto el gobierno de Veracruz como la Fiscalía deben tomar medidas contundentes para atender la problemática que en más del 90 por ciento el agresor es mayor de edad hasta de 40 o 50 años de edad.

Consideró que también debería haber una intervención de las procuradurías municipales, ya que tienen la atribución legal de actuar en coadyuvancia o, incluso en suplencia cuando el agresor es el padre o tutor o cuando hay alguna complicidad de la madre.

Cuestionada respecto de los casos en los que una madre sienta temor de presentar las denuncias correspondientes luego de que su menor hija ha sido abusada sexualmente, respondió que muchas veces existe la omisión de cuidados, porque hay una responsabilidad de madres y padres.

La representante de la asociación civil recordó que cuando se presentan casos de violación sexual y llegan a los hospitales, el personal médico y de enfermería deben dar vista a la Fiscalía General del Estado.

“Menos del 2 por ciento de nacimientos registrados de menores de 15 años son atendidos por una IVE, de cada 100 niñas que tienen un embarazo producto de violencia sexual, menos de 2 acceden a la IVE, eso debería derivar en medidas urgentes por parte de la Gobernadora y de la Fiscal, porque es una falla de coordinación entre el sector salud y la Fiscalía”, definió.

Por otra parte, opinó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad debe reportar el número de carpetas de investigación iniciadas para poder contrastar los datos y saber cuántas derivan en una denuncia.

Ahí, invitó a las familias que estén pasando por una situación legal para que si no saben qué hacer, Equifonía les dé una orientación o acompañamiento, pero “debe ser una respuesta inmediata, porque existe riesgo de embarazo”.