Se establece que el régimen de excepción da paso a una intervención emergente y urgente de las instituciones estatales para precautelar la provisión del servicio eléctrico, reportaron medios locales como El Universo.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se movilizarán en todo el país, con el fin de resguardar las instalaciones críticas de infraestructura energética “para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento”.

Los 60 días que durará la medida se fijaron con la necesidad de contar con tiempo para superar la crisis energética y “hacer frente al déficit energético y garantizar el suministro del servicio de electricidad en el presente, propendiendo a una estabilización en un futuro inmediato”.

El Ministerio de Economía y Finanzas se encargará de asignar los recursos necesarios para atender la emergencia.

Este nuevo estado de excepción no impone horarios de toque de queda.

Ecuador vive una crisis energética a nivel nacional, que ha llevado a que vuelva a tener apagones de hasta ocho horas para racionar la electricidad, ante la imposibilidad de atender la demanda nacional.

Esto después de que dos días antes de que comenzaran los cortes de electricidad la entonces ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, asegurara que esta medida quedaba descartada en el corto plazo pese a la situación crítica del embalse de Mazar, el segundo más grande del país.

A ello se sumó la suspensión del suministro eléctrico procedente de Colombia, que también afronta una gran sequía y no cuenta con excedentes para exportar.

La administración de Noboa ha denunciado un presunto sabotaje contra el Gobierno en el que ha acusado a Arrobo y a otras 21 personas de presuntamente ocultar información para haber mitigado esta crisis e incluso de supuestamente de haber vaciado el embalse de Mazar a propósito, lo que ha sido negado por el operador encargado de esa reserva de agua.

En este contexto más de 13 millones de ecuatorianos están convocados para votar un plebiscito destinado principalmente a dar nuevas herramientas al Gobierno para enfrentar al crimen organizado, así como a aceptar los arbitrajes internacionales en cualquier lugar para atraer la inversión y a permitir los contratos de horas para impulsar el empleo joven.