En sesión pública celebrada hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, determinó que el juez de control debe dar trámite a la apelación para que un Tribunal Unitario se pronuncie sobre su admisión, sin necesidad de ordenar su ratificación, pues con las manifestaciones hechas por el quejoso, queda de manifiesto que no es su intención desistirse.

Los magistrados coincidieron en manifestar que sí procede amparar a Javier Duarte para el efecto de que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, reponga el procedimiento y dé trámite al recurso de apelación.

Al dar trámite al recurso de apelación, el Tribunal Unitario ya no tendrá que pronunciarse sobre el primer escrito que interpuso el ex gobernador donde se desistió de apelar la condena; en un segundo escrito Javier Duarte solicitó desconocer tal desistimiento.

En noviembre pasado, los magistrados señalaron que el juez de control se extralimitó en sus facultades al tener por desistido el recurso de apelación, porque sólo le compete al Tribunal Unitario pronunciarse sobre el tema, por lo que se violaron en perjuicio de Javier Duarte, el derecho humano de legalidad y seguridad jurídica.

En la sesión del 14 de noviembre, se resolvió retirar el proyecto, ya que a juicio del magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio, al engrose de la sentencia le hacía falta fundar y motivar detalladamente los motivos por los cuales el ex gobernador no tuvo que agotar el principio de definitividad para promover el juicio de amparo directo.

Tras la audiencia, MILENIO consultó a Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado del ex mandatario estatal, quien sólo se limitó a celebrar la decisión del Tribunal Colegiado de Circuito.

En octubre de 2018, el juez de control sentenció a Javier Duarte, luego de que se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, se decretó el decomiso de 40 propiedades, 20 de las cuales corresponden a parcelas en Campeche y 20 a inmuebles, entre departamentos de lujo en la Ciudad de México, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y que tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, y hasta con seis cajones de estacionamiento cada uno.

Asimismo, le impuso una multa de 990 días de salario mínimo que corresponden a 58 mil 890 pesos.

La Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, se desistió de solicitar la reparación del daño porque propuso el decomiso de las propiedades; solicitó la pena mínima de cada delito y sin agravante.

Con información de Milenio