La resolución fue emitida por la magistrada presidenta de la Quinta Sala Penal, Margarita Leonor Gopar Pérez, y ha causado una oleada de críticas y descontento social. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil califican este fallo como un golpe más al sistema judicial de Oaxaca, cuestionando su imparcialidad y efectividad en casos de alto impacto.

La familia de Claudia Uruchurtu denunció lo que consideran protección extrajudicial y la falta de justicia para la activista, quien desapareció en marzo de 2021 después de participar en una protesta contra irregularidades en la administración municipal de Lizbeth Victoria Huerta.

Este caso, que atrajo la atención internacional, puso en el centro del debate el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. La liberación de la ex edil plantea nuevamente interrogantes sobre el papel de las instituciones judiciales en el estado y la prevalencia de la impunidad en Oaxaca.