El proyecto se aprobó por nueve votos a favor y dos en contra, que pedían regresarlo a la comisión para ampliar el análisis.

El 4 de junio de 2018, la secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua, Rocío Olmos Loya, hizo de conocimiento de la autoridad electoral diversas irregularidades cometidas por el PRI durante 2015, cuando recibió 39.1 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda estatal.

Este dinero habría sido entregado al PRI en efectivo, a través de su secretario de finanzas, Pedro Mauli Romero.

Los representantes del PRI señalaron que el exsecretario de finanzas priista fue torturado para modificar sus declaraciones sobre el caso, por lo que pidieron regresar el asunto a la comisión para hacer un análisis considerando este hecho.

La Comisión de Fiscalización expone que “resulta incuestionable que el sujeto obligado desplegó una conducta dolosa al evitar rechazar aportaciones provenientes de un ente prohibido, como lo es la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, a sabiendas que dicha conducta era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio”.

Señala que dado que los recursos ingresaron ilícitamente al patrimonio del PRI consistían en dinero en efectivo, el cual no deja rastro o huella de su destino y no permite determinar con precisión su aplicación, no pudo acreditarse que esos recursos hubieran sido empleados total o parcialmente en alguna campaña electoral federal.

Sin embargo, expone que en estas circunstancias, “la certeza respecto de la recepción de recursos en efectivo por el Partido Revolucionario Institucional, y la incertidumbre respecto del destino final de tales recursos durante las campañas electorales locales, imposibilitan a esta autoridad para tener certeza respecto del cumplimiento cabal de los topes de gastos de campaña”.

La multa equivale a 250% el monto involucrado, por lo que la Comisión de Fiscalización determinó la sanción de 96.9 millones de pesos.

CHOCAN PRI Y CONSEJEROS

Durante la sesión, el diputado del PRI, Hiram Hernández negó que haya existido este desvío, y sostuvo que existen elementos para demostrar que no está acreditada la responsabilidad del partido.

Subrayó que el PRI se deslindó de los actos ilegales que, en su caso, habría realizado el exsecretario de finanzas, los cuales fueron a título personal y sin autorización de la presidencia estatal ni nacional.

En respuesta, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera, sostuvo que sí hay varios indicios sobre esta conducta, mientras que “la supuesta tortura no invalida los recibos firmados por el secretario de finanzas, que están debidamente certificados”.

“Se trata de una investigación amplia, muy completa, cuyos hallazgos no han sido desvirtuados por los alegatos de los representantes de este partido”, apuntó.

El consejero Ciro Murayama recordó que en 2018 se sancionó una trama de financiamiento irregular del PRI en Chihuahua, durante el mandato de César Duarte, mediante la que se descontaba dinero a los trabajadores del gobierno.

“No se trató de una operación en la que se pudiera dar rastreo final al dinero, que es la vía que suelen usar los actores políticos cuando incurren en corrupción. La manera de no dejar huella en el sistema financiero es volver líquido los recursos”, manifestó.

La consejera Claudia Zavala expuso que hasta hoy se planteó el tema de la tortura, cuya denuncia tendrá que seguir el cause legal, pero que eso no cambia el entramado de este financiamiento ilícito.