Uno de los cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron en contra de cancelar los registros de las postulaciones morenistas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por la omisión de sus informes de ingresos y gastos de precampaña fue el abogado xalapeño José Roberto Ruiz Saldaña, quien este miércoles justificó su postura argumentando que “por 19 mil y 11 mil pesos de gastos de precampaña se cancelan y niegan candidaturas a gubernaturas en Guerrero y Michoacán”.

Según el licenciado en Derecho y Filosofía egresado de la Universidad Veracruzana, “procedía sanción severa pero no desproporcionada”.

“Debemos pensar sobre la desproporcionalidad de la sanción y en las consecuencias sociales y políticas de la decisión para la vida pública de Guerrero y Michoacán. Los proyectos no son dignos de esta Institución, el @INEMexico, ni de los anhelos democráticos del pueblo mexicano”, publicó ayer en su cuenta de Twitter.

La postura de Ruiz Saldaña nos hace recordar a aquél pintoresco alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, un empacador de mango que en junio de 2014 declaró cínicamente que “sí robé, pero poquito”. Este edil, paradójicamente, fue galardonado seis meses después, en diciembre de ese año, con el premio Global Quality Gold Elite, que le fue entregado por la Global Quality Foundation, “con base en la trayectoria, trascendencia, influencias y proyección”.

Otro caso similar fue el de Pío López Obrador, quien tras ser exhibido en un video recibiendo un sobre con fajos de billetes de un ex funcionario del gobierno de Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa argumentando que no se podía comparar con otros casos de corrupción muy importantes que se venían ventilando, como los del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

“No somos iguales, en este caso del video, de mi hermano (Pío) con David León hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos”, dijo el mandatario mexicano en una conferencia de prensa en Aguascalientes en agosto de 2020, señalando que no se podía comparar “solo una operación ilícita que está denunciando al señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar 2 millones de pesos”.

O sea, es cuestión de “proporcionalidad”, como aduce ahora sobre los casos del “Toro” Salgado Macedonio y de Morón el consejero electoral Ruiz Saldaña, a quien desde el año antepasado se le ha venido señalando como un “caballo de Troya” del gobierno de la 4T en el INE, lo que él niega y atribuye al grupo del ex titular del anterior IFE,  José Woldenberg –en el que está el actual consejero presidente Lorenzo Córdova– que se siente “propietario” del instituto electoral, según le confió al periodista Francisco Garfias, al solicitarle derecho de réplica por un texto que el columnista del diario Excélsior publicó en febrero del año pasado.

También rechazó vínculos con el grupo político de Morena del Estado de México que lidera el senador y cacique de Texcoco, Higinio Martínez, pero coincidentemente Ruiz Saldaña y el actual diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, trabajaron juntos de 2011 a 2013 en la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal del estado de Sonora.

Gutiérrez Luna, nativo de Minatitlán, es el suplente en la Cámara baja del Congreso de la Unión del mexiquense Horacio Duarte, muy cercano al senador Martínez, quien en el proceso electoral federal de 2018 fue el representante de Morena ante el INE; luego, en diciembre de ese año, fue designado subsecretario del Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y hace un año fue designado por el presidente López Obrador como titular de la Administración General de Aduanas tras la renuncia del senador veracruzano Ricardo Ahued.

El aparente alineamiento de Ruiz Saldaña al gobierno de la 4T lo atribuyen también sus detractores a la denuncia que la maestra en ciencias Leyla Guadalupe Acedo Ung, su ex colaboradora en Sonora y en el INE,  interpuso hace seis años en su contra por violencia sexual y laboral, según la averiguación previa AP/PGR/FEVIMTRA326/2015.

El viernes 14 de agosto de 2015, la diputada Graciela Saldaña Fraile, el diputado Miguel Agustín Alonso Raya, y el senador Luis Sánchez Jiménez –todos del Partido de la Revolución Democrática (PRD)– presentaron un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a investigar esta denuncia que la presunta víctima presentó ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Además de la queja AEUL1507300007 que sobre este mismo caso recibió también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).